La salud de las cuentas fiscales es una de las premisas por estos tiempos de crisis. Es vital mostrar disciplina en los números para renovar el financiamiento para las distintas áreas de la gestión pública.
Sin embargo, el precio de los combustibles tiene una sensibilidad especial en los bolsillos del ciudadano latinoamericano. En primer lugar, porque cualquier quita de subvenciones conlleva a un alza en el precio que impacta a su vez en la tarifa del transporte público, en el costo para elaborar pan o hasta para calentar un hogar en invierno.
Hasta ahora, los gobiernos de América Latina no han podido salir de su propia trampa.
Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, anunció un día antes de Navidad la cancelación del subsidio al combustible líquido (naftas y diesel) para ahorrar U$S380 millones y terminar con el contrabando del fluido a países limítrofes por la diferencia de precios. Así buscaba también crear mejores condiciones para atraer la inversión privada, la gran cuenta pendiente de un país que supuestamente está sentado sobre la reserva de gas más grande de la región.
Para la población, el llamado "gasolinazo", fue un golpe imposible de digerir. El aumento en los surtidores fue de hasta 82 por ciento. Se terminaba así un beneficio insostenible de siete años de precio congelado.
El transporte público anunció un alza en la tarifa, los panaderos iniciaron huelga por la suba de sus costos y también amenazaron con incrementar el precio del kilo en no menos de 60 por ciento. La inflación, de menos de 5% anual, parecía entrar en un espiral sin fin.
LEER MAS(infobae)
