Santo Domingo, RD. - Luego de más de cinco horas de discusión acerca del Proyecto de Ley de Régimen Electoral los diputados cerraron los debates y aprobaron la pieza tal y como fue aprobada el pasado sábado en el Senado de la República.
El proyecto fue aprobado en dos lecturas por los legisladores por las dos terceras partes como manda el reglamento.
La Cámara baja sometió a votación las modificaciones planteadas por legisladores de diferentes partidos y todas fueron rechazadas por los diputados.
Una de las propuestas rechazadas fue la de Ronald Sánchez en nombre del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien propuso que se modifique el artículo 267 del proyecto en relación con la elección de senadores y diputados para eliminar el arrastre entre legisladores que diga que la elección de senadores y senadoras de cada provincia del país se hará mediante el voto directo de las provincias correspondientes.
El pasado sábado, el Senado de la República, aprobó el del Proyecto de Ley de Régimen Electoral, en dos lecturas consecutivas, durante una sesión extraordinaria que solo duró dos horas.
El proyecto de ley incluye la restricción del uso de los recursos del Estado en la campaña de candidatos que ocupen cargos públicos, y dispone la suspensión de éstos de sus funciones desde el momento en que la candidatura sea aceptada por la Junta Central Electoral.
Otro de los aspectos que presenta esta ley es que el gobierno central, el local y las entidades públicas descentralizadas, se abstendrán de realizar programas de apoyo social o comunitarios extraordinarios.
Se prohíbe a un partido presentar candidatos tránsfugas, al disponer que no podrán ser postulados por ningún otro partido o agrupación o alianzas electorales, candidatos que hayan sido nominados previamente por su correspondiente organización.
Los candidatos no podrán ser apresados por lo menos ocho días antes de las elecciones, salvo flagrante delito.
Establece que los partidos y sus candidatos serán responsables del retiro de la propaganda electoral, en coordinación con los ayuntamientos, otorgando potestad a la JCE para retener un monto de los aportes de los partidos, como garantía de que se efectuará el retiro de la propaganda.
Se dispone igualdad de tarifa por propaganda electoral, que durante la campaña electoral no podrá exceder el promedio de lo cobrado seis meses antes de la apertura del proceso.
Se otorga facultad a la JCE para regular las firmas encuestadoras y para reglamentar todo lo relativo a la propaganda. Establece la igualdad de género para las candidaturas a diputaciones, regidurías y vocales.
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