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Keiko Fujimori Afronta Nuevo Pedido de Prisión por Caso Odebrecht en Perú
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AFP: Luis Jaime CISNEROS
Un tribunal de justicia peruano evaluará este jueves si vuelve a ordenar prisión preventiva para la líder opositora Keiko Fujimori, quien salió de la cárcel hace un mes, después de que la fiscalía anticorrupción presentara nuevas pruebas que la incriminan en el escándalo Odebrecht.
La audiencia está prevista a partir de las 09h00 (14h00 GMT) en la sede de la Sala Penal Nacional y ha sido considerada como "inaplazable" por el Poder Judicial, a pesar de que coincide con una huelga parcial de magistrados que reclaman mejoras salariales.
El fiscal José Domingo Pérez ha pedido al juez Víctor Zuñiga que dicte 36 meses de prisión preventiva alegando que existe peligro de fuga y de obstrucción a la justicia por parte de Keiko Fujimori, a raíz de nuevas pruebas surgidas en las últimas semanas.
El pedido contra la líder del partido Fuerza Popular (derecha radical) se evaluará cuando falta un mes para las elecciones congresales extraordinarias, donde su agrupación figura en segundo lugar en los sondeos detrás del centrista Acción Popular.
Keiko, de 44 años y madre de dos hijas (de 12 y 10 años), ha dicho que dará la cara este jueves y ha rechazado las acusaciones del fiscal.
"No existe peligro de fuga porque así lo determinaron los jueces, y los presuntos peligros de obstrucción, el Tribunal Constitucional en su fallo que me dio libertad, los descartó", señaló en una reciente declaración.
El fiscal Pérez estima que existen nuevos elementos contra Keiko, a la que acusa de recibir dinero sucio de la constructora brasileña Odebrecht y otras fuentes para financiar sus campañas electorales del 2011 y 2016.
A la acusación de lavado de activos, Pérez quiere sumar las de obstrucción a la justicia, asociación ilícita, falsedad genérica, fraude procesal y organización criminal.
El fiscal estima que los nuevos elementos incrementarían el riesgo de fuga y obstrucción a la justicia.
- Presa 13 meses -
La primogénita del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) salió en libertad el 29 de noviembre, tras permanecer casi 13 meses en prisión preventiva. Lo hizo después de que el Tribunal Constitucional aceptó un habeas corpus a su favor, el cual anuló su encarcelamiento.
La opositora había sido enviada a prisión el 31 de octubre de 2018 por supuestamente interferir las investigaciones de la fiscalía anticorrupción. Debía permanecer en prisión hasta abril de 2020.
La defensa de Keiko Fujimori confía en que esta vez el juez rechazará el pedido de prisión.
La fiscalía, que aceptó a regañadientes la decisión del Tribunal Constitucional, volvió a la carga luego de obtener en Brasil una declaración de un exejecutivo de Odebrecht, Luiz Eduardo da Rocha Soares, quien confirmó ante los fiscales peruanos el aporte de 1 millón de dólares de la empresa para solventar la campaña de la líder de Fuerza Popular en 2011.
Este dinero, registrado como "Campaña Nacional", habría sido remitido a su candidatura vía la denominada Caja 2 de la división de "operaciones estructuradas" de Odebrecht, que servía para sobornos y financiamiento no declarado a partidos políticos, según reveló el portal IDL-Reporteros, especializado en el caso.
- Proceso y pausa política -
La líder opositora había anunciado hace una semana una pausa en sus actividades políticas, ante el nuevo pedido de la fiscalía de prisión, alegando que su prioridad es su familia.
"Voy a hacer una pausa en mis actividades políticas porque mi prioridad es y será siempre mi familia, y enfrentaremos este proceso con la familia completa", dijo Keiko en un pronunciamiento difundido por la televisión.
"Es el regalo más perverso que he recibido en mi vida", dijo sobre el hecho de haber programado la audiencia al día siguiente del día de Navidad.
La audiencia está prevista a partir de las 09h00 (14h00 GMT) en la sede de la Sala Penal Nacional y ha sido considerada como "inaplazable" por el Poder Judicial, a pesar de que coincide con una huelga parcial de magistrados que reclaman mejoras salariales.
El fiscal José Domingo Pérez ha pedido al juez Víctor Zuñiga que dicte 36 meses de prisión preventiva alegando que existe peligro de fuga y de obstrucción a la justicia por parte de Keiko Fujimori, a raíz de nuevas pruebas surgidas en las últimas semanas.
El pedido contra la líder del partido Fuerza Popular (derecha radical) se evaluará cuando falta un mes para las elecciones congresales extraordinarias, donde su agrupación figura en segundo lugar en los sondeos detrás del centrista Acción Popular.
Keiko, de 44 años y madre de dos hijas (de 12 y 10 años), ha dicho que dará la cara este jueves y ha rechazado las acusaciones del fiscal.
"No existe peligro de fuga porque así lo determinaron los jueces, y los presuntos peligros de obstrucción, el Tribunal Constitucional en su fallo que me dio libertad, los descartó", señaló en una reciente declaración.
El fiscal Pérez estima que existen nuevos elementos contra Keiko, a la que acusa de recibir dinero sucio de la constructora brasileña Odebrecht y otras fuentes para financiar sus campañas electorales del 2011 y 2016.
A la acusación de lavado de activos, Pérez quiere sumar las de obstrucción a la justicia, asociación ilícita, falsedad genérica, fraude procesal y organización criminal.
El fiscal estima que los nuevos elementos incrementarían el riesgo de fuga y obstrucción a la justicia.
- Presa 13 meses -
La primogénita del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) salió en libertad el 29 de noviembre, tras permanecer casi 13 meses en prisión preventiva. Lo hizo después de que el Tribunal Constitucional aceptó un habeas corpus a su favor, el cual anuló su encarcelamiento.
La opositora había sido enviada a prisión el 31 de octubre de 2018 por supuestamente interferir las investigaciones de la fiscalía anticorrupción. Debía permanecer en prisión hasta abril de 2020.
La defensa de Keiko Fujimori confía en que esta vez el juez rechazará el pedido de prisión.
La fiscalía, que aceptó a regañadientes la decisión del Tribunal Constitucional, volvió a la carga luego de obtener en Brasil una declaración de un exejecutivo de Odebrecht, Luiz Eduardo da Rocha Soares, quien confirmó ante los fiscales peruanos el aporte de 1 millón de dólares de la empresa para solventar la campaña de la líder de Fuerza Popular en 2011.
Este dinero, registrado como "Campaña Nacional", habría sido remitido a su candidatura vía la denominada Caja 2 de la división de "operaciones estructuradas" de Odebrecht, que servía para sobornos y financiamiento no declarado a partidos políticos, según reveló el portal IDL-Reporteros, especializado en el caso.
- Proceso y pausa política -
La líder opositora había anunciado hace una semana una pausa en sus actividades políticas, ante el nuevo pedido de la fiscalía de prisión, alegando que su prioridad es su familia.
"Voy a hacer una pausa en mis actividades políticas porque mi prioridad es y será siempre mi familia, y enfrentaremos este proceso con la familia completa", dijo Keiko en un pronunciamiento difundido por la televisión.
"Es el regalo más perverso que he recibido en mi vida", dijo sobre el hecho de haber programado la audiencia al día siguiente del día de Navidad.
Decenas de Policías Permanecen en los Alrededores de las Oficinas de Odebrecht
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Santo Domingo
Desde tempranas horas de la mañana de este viernes, agentes de la Policía Nacional se encuentran a las afueras de torre Diandi XIX, donde se encuentran las oficinas administrativas de la constructora Odebrecht, en la avenida Pedro Henríquez Ureña de esta capital.
A las 9:00 de la mañana Diario Libre se enteró que la presencia policial se debe a una convocatoria a marcha de empleados de la empresa.
Según explicó uno de los agentes a cargo del operativo, acudieron a las instalaciones por razonas de seguridad, pero se desconoce si la presencia de las autoridades se debe directamente al caso Odebrecht por los sobornos por 92 millones de dólares que admitieron pagar a autoridades dominicanas o por una supuesta litis con empleados en el Tribunal de Trabajo.
Agentes policiales dijeron que pasada las 8:00 de la mañana algunos de los oficiales se retiró de las inmediaciones de la torre, dejando solo un pequeño contingente.
Frente al edificio ubicado en la avenida Pedro Henríquez Ureña, del Distrito Nacional, se encuentra un camión de la Policía Nacional y varios carros. Todos estacionados en el parqueo de un supermercado frente al inmueble.
El caso Odebrecht ha vuelto a las portadas de los periódicos dominicanos luego de que el programa el Informe con Alicia Ortega y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) revelaran el pago a compañías dominicanas por servicios diversos durante el proceso de licitación de la planta termoeléctrica Punta Catalina, de los cuales algunos de los líderes de esas compañías forman o formaron parte de la nómina pública.
La Procuraduría General de la República, a través de su departamento de comunicaciones, aclaró que la presencia de policías en la torre Diandi XIX no guarda ninguna relación con el proceso judicial que llevan a cabo por los sobornos que pagó la constructora a funcionarios dominicanos, a cambio de asignación de obras.
Empresa Odebrecht Afirma No ha Ocultado Información Sobre Sobornos
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La entidad, a través de un comunicado, aseguró que todos los documentos y testimonios sobre los hechos ocurridos en el pasado tienen tres años en posesión del Ministerio Público Federal Brasileño (MPF) y el Departamento de Justicia Estadounidense (DOJ, por sus siglas en inglés).
La información a resguardo incluye, según la constructora, la base completa de registros de los sistemas Drousys y My Web Day del área de operaciones estructuradas (ya finiquitada). Aclaró, igualmente, que los acuerdos firmados establecen la obligación de confidencialidad de la información con el objetivo de resguardar los avances de las investigaciones. Esto, dijo, es para buscar “la eficacia de las acciones legales contra los acusados”.
“Es decir, están disponibles para los países que celebraron acuerdos de lenidad con Odebrecht y concluyeron el proceso de homologación”, adujo.
En el documento, además, alega que “es equivocado afirmar que hubo omisión de parte de la empresa o que todos los proyectos y montos mencionados en esos documentos tienen vinculación con actos de corrupción”. Dijo que en los sistemas arribas mencionados “hay inclusive registros de transacciones internas y entre privados”.
Odebrecht, que recientemente se acogió a la ley de bancarrota en su país -Brasil-, hace la aclaración luego que una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) indicara que la firma pagó sobornos extras en la República Dominicana para que le adjudicaran la ejecución de la planta a carbón Punta Catalina, obra del Gobierno.
De acuerdo a la investigación, Odebrecht pagó 39 millones de dólares para que le entregaran la construcción de la termoeléctrica a un monto de dos mil millones de dólares. Hasta el momento, la constructora solo ha admitido que pagó en el país unos 92 millones de dólares en sobornos para ser seleccionada para realizar varias obras.
“Es importante resaltar también que hay una parte relevante de información entregada por la empresa a la Justicia, en diversos países, y que aún no es conocida, en razón de la confidencialidad de los procesos”
Odebrecth
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