“Unas elecciones libres, justas y transparentes son el único camino hacia la restauración de la democracia en Nicaragua”, afirmó la Casa Blanca en un comunicado sobre la crisis política en el país centroamericano.
En concreto, el Ejecutivo del presidente estadounidense, Donald Trump, responsabiliza a Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de la “violencia indiscriminada” y la “brutalidad policial” contra los manifestantes que piden “reformas democráticas”.
Hasta ahora, Estados Unidos ha impuestos sanciones contra tres altos cargos nicaragüenses: Francisco Díaz, jefe de la Policía de Nicaragua, y consuegro del presidente nicaragüense; Francisco López, vicepresidente de la petrolera Albanisa; y Fidel Moreno Briones, secretario general de la alcaldía de Managua.
“Estas son el principio, no el final, de sanciones potenciales”, remarcó la Casa Blanca.
En concreto, EE.UU. anunció que revocará los visados de funcionarios nicaragüenses vinculados con la violencia contra los manifestantes, así como sus familias, se agregó en el comunicado.
