Ambas instituciones informaron que el dirigente había denunciado a los paramilitares por haber provocado el desplazamiento forzado de numerosas familias de la región entre 1996 y 1998.
Por las amenazas recibidas, Maussa contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2006.
El vicepresidente Angelino Garzón y el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, condenaron el crimen y llamaron a sancionar a los responsables, según un comunicado oficial.
"El vicepresidente y el ministro de Agricultura se solidarizan con la familia del líder asesinado y solicitan a las autoridades militares y de policía, así como a los jueces, perseguir y sancionar a los criminales", dijeron.
El crimen de Maussa sigue al de Hernando Pérez, otro líder de desplazados que fue asesinado el 20 de septiembre, poco después de participar en un acto gubernamental de restitución de tierras también en Urabá. Además, en octubre, Hernando León Enamorado, también dirigente campesino de la zona, sufrió un ataque a balas que lo dejó gravemente herido. ( EFE )
